Oswaldo Ortiz, activista político, creador de contenido y uno de los dirigentes que respaldaron públicamente a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una reelección presidencial. Ortiz, quien fue candidato del Centro Democrático en 2018 y posteriormente se acercó al proyecto de De la Espriella, ha adquirido visibilidad como una de las voces más activas del nuevo sector de derecha.
En sus declaraciones, Ortiz planteó que la continuidad de De la Espriella en la Presidencia podría ser considerada si su eventual administración obtiene buenos resultados y conserva respaldo ciudadano. La propuesta supone modificar las reglas constitucionales vigentes para permitir que un presidente pueda aspirar nuevamente al cargo de manera inmediata, una posibilidad que actualmente está expresamente prohibida.
El planteamiento resulta políticamente significativo porque Ortiz no es un dirigente ajeno al proyecto presidencial. Durante la campaña se presentó como un defensor de la candidatura de De la Espriella y respaldó a Salvación Nacional, partido al que describió como una expresión de la “nueva derecha”. También ha marcado diferencias con el Centro Democrático, al considerar que el uribismo se desplazó demasiado hacia el centro.
Sin embargo, las declaraciones de Ortiz no equivalen a un anuncio oficial del presidente. De hecho, durante la campaña De la Espriella sostuvo una posición contraria a la reelección y afirmó que su propósito era ejercer la Presidencia durante un solo periodo de cuatro años. En mayo, al ser consultado expresamente sobre la posibilidad de buscar un segundo mandato, respondió que no estaba de acuerdo con esa figura.
La discusión tampoco puede desligarse del debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente que marcó los últimos años del gobierno de Gustavo Petro. El entonces presidente defendió públicamente la convocatoria de una Constituyente y llegó a promover la recolección de firmas para impulsar un proyecto ante el Congreso. En mayo de 2026 todavía defendía ese mecanismo como una vía para promover transformaciones profundas en el Estado.
La propuesta recibió una fuerte oposición de sectores que hoy respaldan al nuevo Gobierno. El propio De la Espriella construyó buena parte de su discurso electoral alrededor de la defensa de la Constitución de 1991 y acusó al petrismo de utilizar la Constituyente como una vía para concentrar el poder. En junio, afirmó que un eventual gobierno suyo se opondría por los mecanismos legales a una Constituyente impulsada por sus adversarios y sostuvo que Colombia no necesitaba cambiar la Carta Política, sino cumplirla.
Ese antecedente convierte las palabras de Ortiz en un asunto políticamente sensible. Durante la campaña, la posibilidad de modificar la Constitución fue utilizada por sectores de la derecha para cuestionar al proyecto de Petro y advertir sobre un eventual intento de alterar los contrapesos institucionales. La propia fórmula vicepresidencial de De la Espriella, José Manuel Restrepo, calificó en junio como una “estrategia electoral” el retiro de la iniciativa constituyente promovida por el gobierno saliente y la campaña de Iván Cepeda.
Desde el punto de vista jurídico, la reelección inmediata no puede restablecerse mediante una simple ley ni mediante un acto administrativo. El artículo 197 de la Constitución establece que quien haya ejercido la Presidencia no puede ser elegido nuevamente y señala específicamente que la prohibición de la reelección solo puede ser reformada o derogada mediante un referendo de iniciativa popular o una Asamblea Constituyente.
La vía constituyente, además, tiene un procedimiento exigente. El artículo 376 establece que el Congreso debe aprobar por mayoría de los miembros de ambas cámaras una ley que someta a votación popular la convocatoria de una Asamblea Constituyente, definiendo su competencia, periodo y composición. La convocatoria requiere posteriormente el respaldo de al menos una tercera parte del censo electoral y los integrantes de la Asamblea deben ser elegidos mediante voto directo.
Por eso, la posibilidad planteada por Ortiz tiene hoy una viabilidad política y jurídica limitada, aunque no puede considerarse jurídicamente imposible. Para convertirla en una realidad se necesitaría construir una mayoría política suficiente, superar los procedimientos constitucionales y obtener respaldo ciudadano. El contraste con el discurso que llevó a De la Espriella a la Presidencia —basado en la defensa de la Constitución de 1991 frente al intento constituyente del gobierno anterior— hace que la propuesta resulte especialmente relevante: si pasa de ser una opinión de un dirigente cercano al nuevo Gobierno a convertirse en una iniciativa oficial, obligaría al presidente a explicar por qué cambió una posición que durante la campaña fue presentada como uno de sus compromisos institucionales.
