Santa Marta pasó a formar parte del Bloque de Seguridad Urbana y Defensa del Gobierno de Abelardo De la Espriella, una decisión que supone elevar la respuesta de seguridad en la capital del Magdalena de un refuerzo coyuntural a una estrategia de presencia permanente de la Fuerza Pública. El anuncio fue hecho por el propio presidente el 25 de septiembre, durante un consejo de seguridad realizado en la ciudad.
La incorporación ocurrió después de varios días de crisis de orden público provocados por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa estructura. El Gobierno respondió con el despliegue de Fuerza Pública y posteriormente decidió incluir a Santa Marta en la estrategia nacional.
La diferencia frente a un operativo convencional está en la permanencia. El Gobierno anunció que la ciudad tendrá un bloque destinado a concentrar capacidades contra la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y otros delitos de alto impacto, en lugar de limitar la respuesta a los días posteriores a una emergencia de seguridad.
De acuerdo con la explicación presidencial, la estrategia tendrá mayor número de patrullajes, puestos de control, vigilancia aérea y controles sobre corredores considerados estratégicos. El propósito declarado es mantener las capacidades desplegadas y evitar que, una vez superada una crisis puntual, las estructuras criminales recuperen espacios.
De la Espriella resumió el enfoque con tres verbos: “proteger, contener y atacar”. El primero está dirigido a ciudadanos, comerciantes, transportadores y familias; el segundo, a impedir que las organizaciones criminales recuperen territorios; y el tercero, a perseguir sus estructuras, cabecillas, finanzas y redes logísticas.
La decisión también cambia la posición de Santa Marta dentro de la política nacional de seguridad urbana. El presidente reconoció que inicialmente el programa había sido diseñado para nueve ciudades y que la capital del Magdalena no estaba incluida. La crisis de septiembre llevó al Gobierno a modificar esa selección e incorporarla.
El contexto explica la decisión. Durante el paro armado, reportes periodísticos señalaron suspensión de clases, cierre de buena parte del comercio y restricciones al transporte. El episodio mostró que una estructura armada podía afectar durante varios días la movilidad y la actividad económica de una de las principales ciudades turísticas del Caribe.
La Defensoría del Pueblo, además, emitió una alerta por riesgo extremo en la Sierra Nevada y su área de influencia. El organismo identificó una disputa territorial entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, y advirtió sobre homicidios, extorsiones, desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y reclutamiento de menores, entre otros riesgos.
Por eso, el problema que enfrenta Santa Marta no se limita a la delincuencia urbana convencional. La ciudad está conectada con un territorio en el que confluyen economías ilegales, corredores estratégicos y disputas entre organizaciones armadas. La respuesta del Gobierno busca precisamente articular la seguridad urbana con el control de esos espacios y de las estructuras que operan en ellos.
El despliegue ya comenzó a reflejarse en el número de uniformados. El 23 de septiembre, antes de la incorporación formal al bloque, el Gobierno informó que Santa Marta y Ciénaga estaban bajo custodia de más de 500 soldados y 600 policías.
Un día después, la Policía y el Ejército reportaron operaciones contra integrantes de las ACSN en Santa Marta y Ciénaga. Entre los resultados anunciados estuvo la captura de alias ‘Yolima’, compañera sentimental de alias ‘Pinocho’, uno de los cabecillas de la estructura, además de otras detenciones e incautaciones.
El refuerzo tampoco terminó con el anuncio presidencial. El 26 de septiembre llegaron más de 100 soldados al Magdalena para fortalecer las capacidades militares y el control territorial en Santa Marta y otros puntos estratégicos del departamento.
El componente militar, sin embargo, es solamente una parte de lo que implica la nueva clasificación. El Gobierno ha presentado la estrategia como una herramienta para recuperar espacios urbanos y consolidar la presencia estatal, lo que supone una intervención sostenida y coordinada de las instituciones de seguridad, no únicamente el envío temporal de tropas.
Esa permanencia puede tener una consecuencia inmediata para la ciudadanía: mayor presencia uniformada en barrios, vías y corredores estratégicos. También implica una mayor utilización de puestos de control, patrullajes y vigilancia. La efectividad de esas medidas dependerá de si logran traducirse en reducción sostenida de delitos y en debilitamiento de las estructuras criminales.
El Gobierno también vincula la recuperación de la seguridad con la recuperación económica. Santa Marta depende fuertemente del comercio y del turismo, actividades especialmente sensibles a restricciones de movilidad, amenazas, extorsiones y episodios de violencia. Tras la crisis de septiembre, recuperar la confianza de residentes, comerciantes y visitantes se convirtió en uno de los objetivos implícitos de la intervención.
El desafío es que una estrategia de seguridad urbana no puede medirse únicamente por el número de capturas o de operativos. También deberá observarse si disminuyen homicidios, extorsiones y desplazamientos, si se recuperan zonas bajo presión criminal y si las comunidades vuelven a desarrollar sus actividades sin restricciones impuestas por grupos armados.
Otro elemento será la coordinación entre la Nación y las autoridades locales. La decisión de incorporar Santa Marta se tomó después de un consejo de seguridad en el que participaron autoridades de la ciudad y del departamento. El bloque deberá, por tanto, articular las capacidades nacionales con las necesidades específicas de la capital del Magdalena y de su área de influencia.
La situación también plantea un reto institucional: que la presencia permanente de la Fuerza Pública esté acompañada por investigación criminal, judicialización, protección de comunidades y acciones contra las finanzas de las organizaciones. El propio Gobierno ha señalado que su objetivo es atacar no solo a los integrantes de las estructuras, sino también sus recursos y redes logísticas.
En ese sentido, la incorporación de Santa Marta al Bloque de Seguridad Urbana y Defensa representa un cambio en la forma en que el Gobierno está tratando la crisis: ya no como una emergencia localizada y temporal, sino como una prioridad de seguridad nacional que requiere capacidades permanentes. La decisión se produce, además, después de que una estructura armada demostrara capacidad para alterar durante varios días la vida cotidiana de la ciudad.
El resultado de esta apuesta todavía está por medirse. El Gobierno de De la Espriella ha convertido a Santa Marta en uno de los escenarios de su política de seguridad y ha prometido mantener allí las capacidades necesarias para “proteger, contener y atacar”. La pregunta será si esa presencia sostenida consigue recuperar el control territorial y reducir la violencia sin que la ciudad tenga que volver a vivir una crisis como la de septiembre para activar una respuesta nacional.
