El segundo bombardeo ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella contra una estructura de las disidencias de las Farc quedó en el centro de la controversia después de que Medicina Legal confirmara que tres menores de edad están entre las víctimas mortales.
La operación, denominada Amón, ocurrió el 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’. Inicialmente, las autoridades reportaron ocho muertos, pero posteriormente fueron recuperados diez cuerpos.
Medicina Legal informó que recibió los diez cuerpos el 29 de agosto. Hasta ahora, nueve han sido plenamente identificados: cuatro corresponden a mujeres y cinco a hombres. Entre los identificados se encuentran tres menores de edad, mientras que un décimo cuerpo continúa en proceso de identificación debido a su estado.
El Ministerio de Defensa precisó este lunes que los tres menores tenían 15, 15 y 16 años. Según la versión oficial, los adolescentes hacían parte de la estructura armada atacada y se encontraban en situación de combate.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la operación y aseguró que los diez fallecidos eran integrantes de la organización armada. También afirmó que el ataque se realizó contra tres zonas campamentarias ubicadas en la selva, cerca del río Inírida.
Según el Gobierno, la operación permitió además la captura de una persona y la recuperación de otro menor de edad, quien fue puesto bajo protección para el restablecimiento de sus derechos. Este último caso es distinto al de los tres adolescentes que murieron durante el operativo.
Las Fuerzas Militares reportaron un importante arsenal encontrado después de la operación. Entre los elementos incautados figuran 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, granadas, 184 minas antipersona y más de 29.000 municiones.
La estructura atacada pertenece al denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, asociado a alias ‘Calarcá’. El Guaviare es uno de los territorios donde esa organización mantiene presencia y donde también existen disputas con otras facciones de las disidencias por corredores estratégicos y economías ilegales.
El Gobierno sostiene que la responsabilidad por la presencia de los menores en el campamento recae sobre los grupos armados que los reclutan y utilizan. El ministro de Defensa, Jorge Mora, calificó el reclutamiento y la utilización de menores como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.
Mora anunció además la creación de una mesa interinstitucional con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y otras entidades para fortalecer la respuesta estatal frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El Gobierno también anunció que presentará las respectivas denuncias ante la Fiscalía.
La confirmación de las muertes, sin embargo, abre interrogantes sobre la operación militar. La principal pregunta es qué información de inteligencia tenía la Fuerza Pública antes del bombardeo sobre la posible presencia de menores en el campamento y qué medidas fueron adoptadas para reducir el riesgo sobre ellos.
El general Rodríguez aseguró que la operación cumplió los estándares legales aplicables a los ataques aéreos estratégicos, tanto durante su planeación como durante su ejecución. También afirmó que posteriormente se realizaron los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.
La controversia no significa, por sí sola, que la operación haya sido ilegal. La presencia de menores reclutados por una organización armada plantea un problema complejo en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Para establecer eventuales responsabilidades será necesario determinar las circunstancias concretas de su participación, la información disponible antes del ataque y las precauciones adoptadas por las autoridades.
El episodio ocurre además en medio del giro de la política de seguridad del Gobierno de De la Espriella. La nueva administración ha terminado mesas de diálogo con varias organizaciones armadas, entre ellas la estructura asociada a ‘Calarcá’, y ha optado por privilegiar las operaciones militares frente a la estrategia de negociación impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La muerte de los tres adolescentes convierte así el bombardeo de Guaviare en una prueba para esa nueva política de seguridad. El Gobierno puede presentar la operación como un golpe militar contra una estructura armada, pero tendrá que responder también por las circunstancias que llevaron a que tres menores terminaran entre las diez personas muertas.
Por ahora, el dato forense es inequívoco: tres menores de 15, 15 y 16 años murieron en la Operación Amón. Un cuarto cuerpo continúa bajo análisis de Medicina Legal, por lo que el balance de identidades todavía no está completamente cerrado.
El caso también vuelve a poner el foco sobre el reclutamiento infantil en Colombia. Según información citada por Noticias Caracol a partir de un informe de Human Rights Watch, los grupos armados han reclutado alrededor de 1.500 niños desde 2021, mientras que la Defensoría ha advertido sobre el incremento de este fenómeno.
El Gobierno deberá ahora explicar con mayor detalle el proceso de planeación de la operación, las labores de inteligencia previas y los protocolos utilizados para identificar y proteger a menores eventualmente presentes en el objetivo militar. Esa información será determinante para evaluar las circunstancias del bombardeo.
La discusión, por tanto, no se limita a establecer quiénes eran los diez muertos, sino a determinar qué ocurrió antes, durante y después del ataque. La confirmación de tres menores entre las víctimas convierte la Operación Amón en uno de los primeros grandes cuestionamientos sobre los límites de la ofensiva militar emprendida por el Gobierno de De la Espriella.
