La empresa xAI, desarrolladora del chatbot Grok, enfrenta dos disputas judiciales en Estados Unidos por normas estatales que buscan regular distintos aspectos de la inteligencia artificial. Aunque ambos procesos tienen como protagonista a la compañía de Elon Musk y plantean discusiones sobre los límites de la regulación tecnológica, sus objetos son diferentes y avanzan por vías judiciales independientes.
Uno de los litigios se desarrolla en Minnesota y está relacionado con la generación de imágenes sexualizadas de personas mediante herramientas de inteligencia artificial. El otro se tramita en California y gira alrededor de la obligación de las compañías de informar qué datos utilizan para entrenar sus modelos.
En ambos casos, xAI sostiene que las leyes estatales vulneran derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos, en particular la libertad de expresión. La compañía acudió a los tribunales para impedir que las disposiciones se apliquen mientras se resuelven sus demandas.
Sin embargo, las decisiones judiciales que hasta ahora han rechazado las solicitudes de medidas cautelares no representan una sentencia definitiva sobre el fondo de los litigios. Los jueces han evaluado si existían razones suficientes para suspender provisionalmente las normas, no si todas las disposiciones cuestionadas son constitucionales.
Minnesota: la disputa por las imágenes sexualizadas
El primer proceso enfrenta a X.AI LLC con Keith Ellison, fiscal general de Minnesota. La controversia se concentra en la ley estatal H.F. 1606, que prohíbe a los operadores de sitios web, aplicaciones y otros servicios permitir que sus usuarios utilicen esas plataformas para alterar o generar imágenes que representen partes íntimas de personas identificables.
La norma busca impedir la creación de imágenes sexualizadas falsas mediante herramientas conocidas como nudification, que modifican fotografías o videos para representar a una persona desnuda o con partes íntimas que no aparecían en el material original.
La legislación contempla sanciones civiles y permite que el fiscal general solicite medidas judiciales contra quienes incumplan sus disposiciones. Entre las consecuencias previstas figuran multas de hasta 500.000 dólares por cada infracción, además de otras medidas de carácter judicial.
La regulación incluye herramientas como Grok Imagine, que permite generar y modificar imágenes mediante inteligencia artificial. La discusión se produjo en medio de cuestionamientos sobre el uso de Grok para producir contenido sexualizado de personas sin su consentimiento.
xAI presentó su demanda el 27 de julio de 2026, pocos días antes de que la ley entrara en vigor, el 1 de agosto. La compañía argumentó que la prohibición afecta la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
La empresa también cuestionó el alcance de la regulación y planteó que las restricciones estatales interfieren con la posibilidad de que sus usuarios produzcan y compartan contenidos mediante herramientas de inteligencia artificial.
El primer intento de xAI por frenar la aplicación de la ley fue rechazado el 31 de julio. En esa oportunidad, el juez federal Donovan W. Frank negó una orden de restricción temporal, al considerar que la compañía había presentado su solicitud demasiado cerca de la fecha de entrada en vigor de la norma.
Posteriormente, el juez examinó la solicitud de una medida cautelar preliminar, que habría impedido aplicar la ley mientras avanzaba el proceso judicial. El 4 de septiembre volvió a fallar en contra de xAI.
En su decisión, Frank señaló que la empresa no había demostrado un riesgo suficiente de sufrir un daño irreparable. También cuestionó que hubiera esperado cerca de tres meses desde la aprobación de la ley para presentar la demanda y solicitar protección judicial.
El juez consideró además que el balance de los posibles perjuicios y el interés público favorecían al estado de Minnesota. No obstante, aclaró que las cuestiones constitucionales planteadas por las partes eran complejas y merecían un análisis completo dentro del proceso.
Por esa razón, la negativa a conceder la medida cautelar no significó que el tribunal hubiera declarado constitucional la ley ni que hubiera desestimado definitivamente los argumentos de xAI. La decisión permitió que la norma continuara aplicándose mientras se desarrolla la disputa.
La compañía apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito. El expediente quedó identificado con el número 26-2806 y la controversia pasó a una instancia superior.
En septiembre, xAI también solicitó que se acelerara el trámite de su petición de protección durante la apelación. El juez de distrito rechazó esa solicitud de acelerar el procedimiento. El expediente de apelación consultado no registra una decisión definitiva sobre la controversia constitucional.
Mientras tanto, la discusión sobre el fondo del caso quedó condicionada por el trámite de la apelación. La audiencia que estaba prevista para el 5 de noviembre sobre la solicitud del fiscal general de desestimar la demanda fue retirada del calendario judicial.
California: la obligación de revelar datos de entrenamiento
El segundo proceso tiene un objeto distinto. En California, xAI demandó al fiscal general Rob Bonta para cuestionar la ley AB 2013, una disposición que exige a las compañías de inteligencia artificial divulgar información sobre los conjuntos de datos utilizados para entrenar sus modelos.
La norma busca aumentar la transparencia sobre el origen y las características de la información que alimenta los sistemas de inteligencia artificial generativa. Entre otros aspectos, establece obligaciones de publicación de resúmenes sobre los datos de entrenamiento.
La discusión involucra asuntos como la procedencia de los contenidos utilizados, las categorías de información incorporadas y la manera en que las empresas deben explicar públicamente esos insumos. El propósito de la legislación es ofrecer mayor información sobre el funcionamiento y desarrollo de los modelos.
xAI presentó la demanda contra Bonta el 29 de diciembre de 2025. La empresa cuestionó las obligaciones de divulgación y argumentó que la ley vulnera derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
En enero de 2026, la compañía solicitó una medida cautelar preliminar para impedir que la norma se aplicara mientras se resolvía el litigio. El fiscal general de California se opuso a esa petición y defendió la capacidad del estado para establecer obligaciones de transparencia sobre los sistemas de inteligencia artificial.
El juez federal Jesús G. Bernal rechazó la solicitud de xAI el 4 de marzo de 2026. La decisión permitió que la legislación siguiera vigente durante el desarrollo del proceso, pero no resolvió de manera definitiva la discusión sobre su constitucionalidad.
Dos semanas después, el 16 de marzo, xAI presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. El caso quedó identificado con el número 26-1591.
En esa instancia se presentaron los argumentos de ambas partes y documentos de terceros interesados, entre ellos organizaciones y especialistas que solicitaron intervenir como amicus curiae. Estas intervenciones aportan consideraciones jurídicas y técnicas, pero no convierten a sus autores en demandantes o demandados del proceso.
La apelación tiene programada una audiencia oral para el 18 de noviembre de 2026, a las 9:30 de la mañana, en Pasadena, California. La programación constituye el siguiente hito relevante del expediente, aunque el tribunal todavía podría decidir resolver el caso con base en los documentos presentados.
A diferencia del proceso de Minnesota, esta disputa no se refiere a la generación de imágenes sexuales ni a la responsabilidad de Grok por el contenido producido por sus usuarios. Su eje es el alcance de las obligaciones de información que el estado impone a las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial.
Dos litigios distintos y una discusión constitucional
Los dos procesos reflejan el choque entre las iniciativas estatales para regular la inteligencia artificial y los argumentos de las compañías que consideran que algunas de esas obligaciones pueden vulnerar derechos constitucionales o afectar sus operaciones.
En Minnesota, el debate se concentra en la prevención de imágenes sexualizadas no consentidas y en los límites que pueden imponerse a las plataformas que ofrecen herramientas para generarlas. En California, la discusión gira alrededor de la transparencia de los datos utilizados para entrenar modelos y de la información que las empresas deben poner a disposición del público.
También es importante precisar el estado procesal de ambos litigios. xAI es la demandante frente a los fiscales generales de Minnesota y California; no se trata, en estos dos expedientes, de condenas penales ni de sentencias que hayan declarado responsable a la compañía por una conducta ilícita.
Las negativas a conceder medidas cautelares tampoco equivalen a un fallo definitivo contra xAI. Ese tipo de decisiones busca determinar si existen razones suficientes para suspender provisionalmente una norma mientras continúa el juicio. La evaluación final de los argumentos constitucionales requiere un pronunciamiento sobre el fondo de cada demanda.
Por ahora, el litigio de Minnesota continúa en la vía de apelación ante el Octavo Circuito, mientras que el de California tiene como próximo momento relevante la audiencia oral prevista para el 18 de noviembre ante el Noveno Circuito. Ninguno de los dos procesos había terminado, al corte de esta nota, con una sentencia definitiva sobre las pretensiones de xAI.
