El terremoto registrado el 10 de agosto dejó graves afectaciones en comunidades del pueblo Wounaan ubicadas en el resguardo Tocordo Balsalito, en jurisdicción del municipio de Litoral del San Juan, Chocó. La alerta fue difundida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a partir de información recibida directamente desde el territorio.
De acuerdo con el reporte del profesor Irbin Cárdenas, integrante del pueblo Wounaan, varias familias quedaron sin vivienda después de que sus casas se derrumbaran o sufrieran daños graves por el movimiento sísmico. El impacto afecta así a comunidades que ya enfrentan dificultades estructurales para acceder a servicios y asistencia estatal.
La situación se vuelve más crítica porque, según el comunicado, las comunidades continúan sin recibir ayuda humanitaria. Las dificultades de acceso al territorio están impidiendo que la asistencia llegue con la rapidez requerida, mientras las familias permanecen expuestas a las consecuencias del desastre.
El aislamiento tiene además una dimensión de información. Las comunidades no cuentan con señal telefónica, lo que dificulta establecer comunicación permanente con las familias afectadas y determinar con precisión cuántas viviendas resultaron destruidas, cuántas personas necesitan asistencia o si existen otras afectaciones que todavía no han sido reportadas.
Esta falta de comunicación constituye uno de los aspectos más preocupantes de la emergencia. Que no existan nuevos reportes desde una comunidad incomunicada no significa que no haya nuevos daños. Por el contrario, la imposibilidad de transmitir información puede hacer que la magnitud de la tragedia permanezca invisible para los organismos encargados de atenderla.
El terremoto también afectó a la comunidad educativa. El reporte señala que sus integrantes permanecen en medio del temor, la incertidumbre y la preocupación por las condiciones en las que se encuentran las familias. Esto significa que la emergencia también compromete las condiciones para garantizar la continuidad de la educación de niños, niñas y jóvenes de estas comunidades.
El caso del Litoral del San Juan demuestra, además, que el balance de la emergencia nacional todavía puede estar incompleto. Mientras las autoridades han podido consolidar cifras de víctimas y daños en ciudades como Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Quibdó, las comunidades ubicadas en zonas remotas pueden permanecer fuera de los primeros registros simplemente porque no existen condiciones para reportar sus afectaciones.
La situación debe ser contrastada con el balance departamental del Chocó. La Gobernación reportaba, al corte del 11 de agosto, 13 fallecidos, 139 heridos, cuatro desaparecidos, 43.178 damnificados, 3.199 viviendas averiadas y 468 destruidas. Sin embargo, las comunidades Wounaan de Tocordo Balsalito no aparecen en el comunicado del CRIC con cifras específicas de víctimas o daños, precisamente porque todavía no se ha podido establecer con precisión la magnitud de lo ocurrido.
Por esa razón, sería prematuro asignar nuevos números al balance del Chocó a partir del reporte indígena. Lo que sí puede establecerse es que hay familias sin vivienda, viviendas destruidas o gravemente afectadas, ausencia de ayuda humanitaria y dificultades para comunicarse con el territorio. El próximo paso debería ser una evaluación directa de daños y necesidades que permita determinar si existen personas heridas, desaparecidas o nuevas pérdidas materiales.
Las autoridades y representantes comunitarios hicieron un llamado urgente a los organismos de socorro, al Estado, a la Alcaldía, a la Gobernación y a organismos internacionales para garantizar acompañamiento y atención humanitaria. El caso Wounaan pone así sobre la mesa uno de los mayores riesgos de la respuesta al terremoto: que las comunidades más alejadas sean también las últimas en ser alcanzadas por el Estado.
