El complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz se extiende por la Cordillera Oriental, en territorios de Cundinamarca, Meta y Huila. Con una superficie de 315.066 hectáreas, el Ministerio de Ambiente lo considera el páramo más grande del mundo y uno de los ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica del centro del país.
Lo que se está delimitando no es simplemente una nueva frontera administrativa, sino el área del ecosistema de páramo sobre la cual se aplicarán las medidas de protección ambiental correspondientes. La definición tiene consecuencias sobre la conservación del agua y la biodiversidad, pero también sobre las actividades y derechos de las comunidades que habitan el territorio.
La delimitación anterior fue establecida mediante la Resolución 1434 del 14 de julio de 2017. El Ministerio de Ambiente la elaboró a partir de estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales y de la información suministrada por las autoridades ambientales y el Instituto Humboldt.
Sin embargo, ese proceso terminó siendo cuestionado judicialmente por la forma en que se desarrolló la participación de las comunidades. El Juzgado 40 Administrativo de Bogotá amparó los derechos a la igualdad, el mínimo vital, la petición y la participación ambiental de los campesinos involucrados y ordenó dejar sin efecto la delimitación de 2017.
La decisión judicial estuvo relacionada con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que estableció reglas para garantizar una participación ambiental efectiva en los procesos de delimitación de páramos. En el caso de Cruz Verde-Sumapaz, el juez determinó que esas reglas debían aplicarse y que el Ministerio tenía que desarrollar un nuevo procedimiento amplio, eficaz y deliberativo.
Por eso, el Gobierno no podía limitarse a modificar técnicamente el mapa. La nueva delimitación debía construirse mediante un proceso participativo que tuviera en cuenta tanto la protección del ecosistema como los derechos y las condiciones de las comunidades campesinas que viven en el área de influencia.
El proceso se estructuró alrededor de los llamados seis temas ineludibles establecidos por la jurisprudencia constitucional. Entre ellos están la protección ambiental, los derechos de las comunidades, las alternativas frente a las actividades que puedan resultar afectadas, la participación y la coordinación entre las diferentes autoridades y actores del territorio.
La etapa de consulta, desarrollada entre mayo de 2024 y octubre de 2025, dejó 3.190 aportes comunitarios, después de 72 reuniones virtuales y 56 encuentros presenciales. Con esos insumos comenzó la fase de concertación, destinada a convertir las posiciones de las comunidades y las autoridades en acuerdos concretos.
En marzo de 2026 se alcanzaron los primeros acuerdos completos en cinco territorios: Cáqueza, Gutiérrez, Fosca y Sibaté, en Cundinamarca, y Acacías, en Meta. Según el Ministerio, esos acuerdos involucraban los seis puntos exigidos por la Corte y representaban la protección de más de 26.000 hectáreas.
El proceso continuó durante abril con nuevos acuerdos. En Bogotá, las localidades de Usaquén y Usme, y el municipio de Ubaque, avanzaron en la concertación. En Usaquén se alcanzaron consensos sobre los seis puntos, mientras que Usme y Ubaque lograron acuerdos en cinco de ellos.
Para el 21 de mayo de 2026, el Ministerio reportó acuerdos con 16 de los 31 municipios que integraban el área de influencia que estaba siendo considerada en ese momento, además de cuatro localidades de Bogotá. La cartera ambiental calculó entonces un avance del 51,6 % en la concertación y señaló que esos acuerdos permitían avanzar en la protección de más de 68.000 hectáreas de ecosistemas.
El proceso, sin embargo, no terminó con esos acuerdos. Durante junio continuaron las reuniones territoriales en municipios como Venecia, Cabrera, Une y Cubarral, además de encuentros en la localidad de Sumapaz y en San Cristóbal, en Bogotá. El cronograma oficial muestra que la concertación continuó desarrollándose durante el segundo semestre de 2026.
Una nueva etapa comenzó en julio. El Ministerio de Ambiente publicó para comentarios, entre el 9 y el 24 de julio de 2026, un proyecto de resolución denominado “Por medio de la cual se realiza la delimitación participativa del Área de Páramos Cruz Verde-Sumapaz y se adoptan otras determinaciones”.
Esto significa que no debe confundirse el proyecto de resolución con una nueva delimitación definitiva ya adoptada. Al tratarse de un proyecto sometido a participación, todavía debía surtir las etapas correspondientes antes de convertirse en una decisión administrativa definitiva.
La situación es especialmente importante porque el Ministerio adoptó en julio una metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos. La Resolución 863 de 2026 establece una metodología que permite avanzar en aquellos territorios donde se haya alcanzado la fase de concertación de los seis temas ineludibles, sin fragmentar los ecosistemas ni reducir su protección.
La polémica alrededor de Cruz Verde-Sumapaz tiene entonces dos dimensiones. Por un lado está la necesidad de proteger un ecosistema fundamental para el agua y la biodiversidad; por otro, están las consecuencias que la delimitación puede generar para campesinos que han desarrollado históricamente actividades productivas en el territorio.
Para las comunidades, el problema no se reduce a una línea dibujada sobre un mapa. La ubicación de sus viviendas, cultivos y actividades económicas puede determinar qué restricciones ambientales les serán aplicables y qué alternativas tendrán. Precisamente por eso la Corte exigió que la participación no fuera una simple socialización de una decisión ya tomada, sino un proceso de diálogo y deliberación.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el proceso como una oportunidad para combinar la protección del agua con la garantía de los derechos de las comunidades. Esa es también la razón por la que la nueva delimitación incorpora elementos sociales y económicos además de los criterios estrictamente ecológicos.
El debate tiene además una dimensión regional. Cruz Verde-Sumapaz es un ecosistema de enorme importancia para la regulación hídrica del centro del país, de modo que sus efectos no se limitan a quienes viven dentro o alrededor del páramo. La protección de sus fuentes y ecosistemas tiene implicaciones para poblaciones que dependen de esos servicios ambientales.
Por eso, la discusión sobre la delimitación no puede plantearse únicamente como un enfrentamiento entre conservación ambiental y actividad campesina. El reto jurídico y político es encontrar una fórmula que cumpla las obligaciones de protección del ecosistema, respete los derechos de quienes habitan el territorio y dé cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales sobre participación.
A agosto de 2026, el proceso se encuentra, por tanto, en una etapa decisiva: ya existen acuerdos territoriales y una propuesta formal de delimitación, pero la nueva frontera administrativa del complejo todavía debe distinguirse de la resolución definitiva. La controversia de fondo permanece abierta: cómo proteger uno de los ecosistemas más importantes de Colombia sin repetir los problemas de participación que llevaron a cuestionar judicialmente la delimitación de 2017.
