La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió una copia íntegra del patrimonio documental consolidado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 2022 y 2026, en una entrega que busca garantizar la preservación de información relacionada con la memoria del conflicto armado colombiano.
El acto se realizó el 6 de agosto de 2026 y responde a una medida de protección de información adoptada por la JEP. La entrega fue realizada por la directora general del CNMH, María Gaitán Valencia, al presidente de la Jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli.
El material entregado constituye un acervo amplio que reúne 257 libros, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, además de archivos documentales, recursos pedagógicos, bases de datos y otros contenidos audiovisuales y digitales producidos por el Centro.
La importancia de esta copia no está solamente en la cantidad de documentos. El valor del archivo reside en que reúne años de investigación y documentación sobre las violencias, las víctimas, los territorios y las distintas dimensiones del conflicto armado colombiano.
La entrega está relacionada con una medida de protección que la JEP mantiene desde 2018 y que busca identificar, proteger y preservar información sobre derechos humanos que pueda contribuir al esclarecimiento de hechos y contextos relacionados con graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En 2026, mediante el Auto AT611, la JEP ordenó al CNMH remitir la información que consideró de especial interés para las funciones de la Jurisdicción. La entrega de la copia representa así la materialización de una medida que busca evitar que información relevante para la memoria y la justicia pueda perderse.
El procedimiento tiene además una característica fundamental: no implica que el CNMH entregue a la JEP la custodia de sus archivos originales. Se trata de una copia de seguridad que queda protegida en el ámbito de la Jurisdicción, mientras el Centro conserva su patrimonio documental.
La medida crea, en la práctica, un respaldo institucional adicional para un conjunto de documentos que pertenece a la memoria colectiva del país. Frente a los cambios administrativos, políticos o institucionales que puedan producirse en el futuro, contar con copias protegidas permite reducir el riesgo de pérdida o desaparición de información.
Para la búsqueda de la verdad, el archivo puede tener un papel relevante. Los materiales producidos por el CNMH pueden ayudar a contextualizar hechos, contrastar relatos, reconstruir acontecimientos e identificar patrones de violencia, aunque su existencia no significa que todos los documentos tengan automáticamente valor de prueba dentro de un proceso judicial.
Esa distinción resulta fundamental. La memoria histórica y la investigación judicial cumplen funciones relacionadas, pero no idénticas. La información recopilada por el CNMH podrá servir como fuente para las investigaciones de la JEP, pero será la Jurisdicción la que determine, de acuerdo con las reglas de cada proceso, la pertinencia y el alcance de los materiales.
La preservación también tiene una dimensión para las víctimas. Los documentos producidos y recopilados durante años permiten conservar testimonios y reconstrucciones de hechos que, en muchos casos, constituyen parte fundamental de la memoria de comunidades afectadas por la violencia.
La directora del CNMH ha defendido precisamente esa dimensión pública del archivo: la memoria debe permanecer disponible para las víctimas, la justicia, los investigadores y la sociedad. La entrega a la JEP busca que ese conocimiento acumulado tenga continuidad más allá de los cambios que puedan experimentar las instituciones encargadas de producirlo o custodiarlo.
Para la JEP, el acceso a este patrimonio documental puede fortalecer el trabajo de esclarecimiento judicial. La información puede contribuir a comprender los contextos en los que ocurrieron los hechos investigados y a contrastar las diferentes versiones existentes sobre las dinámicas del conflicto.
Pero el alcance de la entrega va más allá de los procesos que actualmente adelanta la Jurisdicción. La preservación de estos documentos permite que futuras investigaciones puedan regresar a las fuentes y reconstruir acontecimientos que todavía no han sido suficientemente esclarecidos.
En un país donde persisten debates sobre la interpretación histórica del conflicto armado, conservar los documentos adquiere una importancia adicional. Los archivos permiten que las discusiones sobre el pasado no dependan únicamente de narrativas políticas o institucionales, sino que puedan contrastarse con las fuentes que fueron recopiladas y producidas durante años de investigación.
También representa una garantía frente al paso del tiempo. Los testimonios, investigaciones, documentales y bases de datos que conforman este legado son parte de una memoria que puede deteriorarse o perderse si no existen mecanismos adecuados de preservación y respaldo.
La entrega refuerza, además, la relación entre los diferentes componentes de la justicia transicional. Memoria, verdad y justicia no son exactamente lo mismo, pero pueden complementarse cuando la información producida para reconstruir el pasado permanece disponible para quienes tienen la responsabilidad de esclarecerlo.
En ese sentido, la copia entregada a la JEP no constituye por sí misma una nueva investigación ni una conclusión sobre los hechos del conflicto. Su importancia está en garantizar que una parte sustancial del conocimiento acumulado por el Estado sobre ese pasado permanezca protegida y pueda ser consultada cuando resulte pertinente.
El reto ahora será que esa información pueda ser utilizada de manera rigurosa, respetando las reglas de acceso, protección de datos y valoración probatoria que correspondan. La preservación es el primer paso; convertir los archivos en herramientas para el esclarecimiento requiere investigación, contraste y análisis.
La entrega del legado documental del CNMH representa, finalmente, una apuesta por que la memoria del conflicto armado colombiano no dependa de la fragilidad de una sola institución o de un determinado momento político. Mantener estos archivos protegidos significa conservar fuentes para las víctimas, para la justicia y para una sociedad que todavía busca respuestas sobre uno de los capítulos más dolorosos de su historia.
