El Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, volvió a ser escenario de una controversia relacionada con la presunta discriminación por orientación sexual, luego de que una pareja de hombres denunciara haber sido objeto de un trato diferenciado por parte de un integrante del personal de seguridad. El caso, difundido ampliamente a través de redes sociales, reabrió el debate sobre la persistencia de expresiones de homofobia en espacios abiertos al público y la necesidad de fortalecer las garantías para las personas LGBTIQ+.
Según la denuncia de los jóvenes, ambos se encontraban en una zona común del establecimiento cuando se dieron un beso. En ese momento, un vigilante se acercó para indicarles que ese comportamiento no estaba permitido y les advirtió que, de continuar con las manifestaciones de afecto, serían retirados del centro comercial. El intercambio fue grabado en video y rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones y cuestionamientos a la administración del Centro Comercial Andino.
Los denunciantes sostuvieron que fueron objeto de un trato discriminatorio porque, según afirmaron, parejas heterosexuales suelen expresar afecto en las instalaciones sin recibir llamados de atención similares. Desde esa perspectiva, consideran que la intervención del personal de seguridad estuvo motivada exclusivamente por su orientación sexual y no por una aplicación uniforme de las normas de convivencia.
La difusión del video provocó la reacción de activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y figuras públicas, quienes solicitaron una investigación sobre lo ocurrido y recordaron que la Constitución colombiana garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. Asimismo, insistieron en que los espacios comerciales deben ser seguros para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
Por su parte, el Centro Comercial Andino emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de discriminación y aseguró que sus instalaciones son un espacio abierto e incluyente. Además, anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido y establecer si la actuación del vigilante se ajustó a los protocolos de la administración o correspondió a una actuación individual.
El caso también puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la discriminación contra la población LGBTIQ+ en Colombia. Aunque el país ha registrado importantes avances jurídicos en materia de igualdad, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la protección constitucional frente a actos discriminatorios, organizaciones sociales continúan documentando episodios de exclusión, violencia y estigmatización en espacios públicos, educativos, laborales y comerciales.
Desde el punto de vista jurídico, Colombia cuenta con herramientas para sancionar este tipo de conductas cuando se demuestra que existió un trato diferenciado basado en motivos prohibidos. El artículo 13 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad, mientras que el artículo 134A del Código Penal tipifica los actos de discriminación por razones como la orientación sexual o la identidad de género. No obstante, la configuración de este delito depende de la valoración de las pruebas por parte de las autoridades competentes.
La controversia también recordó un episodio ocurrido en abril de 2019 en el mismo Centro Comercial Andino. En aquella oportunidad, una pareja de hombres denunció haber sido insultada por otro visitante mientras se besaba en una zona común del establecimiento. El caso generó una intensa discusión pública y llevó a la apertura de una investigación penal por un posible acto de discriminación.
Sin embargo, tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad y recoger testimonios, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar que la conducta denunciada hubiera estado motivada por la orientación sexual de la pareja, por lo que decidió archivar la investigación. Esa determinación fue cuestionada por diversos colectivos LGBTIQ+, que consideraron que el análisis probatorio no reflejaba adecuadamente el contexto de discriminación denunciado.
A diferencia del caso de 2019, la controversia de julio de 2026 involucra directamente a un integrante del personal de seguridad del establecimiento, lo que ha llevado a centrar parte del debate en los protocolos de atención al público y en la capacitación del personal para prevenir actuaciones que puedan interpretarse como discriminatorias. Hasta el momento, sin embargo, no existe una decisión de la Fiscalía ni de otra autoridad que establezca si efectivamente ocurrió un acto de discriminación.
El caso evidencia que, pese a los avances normativos alcanzados por Colombia en materia de derechos de las personas LGBTIQ+, persisten tensiones sobre la manera en que esos derechos se ejercen en la vida cotidiana. También pone de relieve la importancia de que las denuncias sean investigadas con rigor, garantizando tanto la protección de las posibles víctimas como el debido proceso para las personas señaladas.
Mientras avanzan las verificaciones anunciadas por el Centro Comercial Andino y las eventuales actuaciones de las autoridades, el episodio ha vuelto a situar en la agenda pública la discusión sobre el respeto a la diversidad y la igualdad de trato. El desenlace del caso podría contribuir a precisar los estándares de actuación en espacios comerciales y a reforzar las medidas de prevención frente a conductas que puedan derivar en discriminación por orientación sexual.
