Las advertencias sobre un posible desmonte de la institucionalidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 aumentaron el 30 y 31 de julio de 2026, luego de que organizaciones defensoras del proceso, firmantes y sectores vinculados con su implementación cuestionaran los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella. La preocupación se centra en que una reducción de las entidades, los recursos y las políticas de paz podría afectar los derechos de las víctimas y poner en riesgo los avances alcanzados en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Las organizaciones que respaldan el Acuerdo sostuvieron que desmontar su arquitectura institucional no sería únicamente una decisión administrativa. Según sus advertencias, las entidades creadas para implementar lo pactado cumplen funciones relacionadas con la reparación de las comunidades afectadas por el conflicto, la reincorporación de los excombatientes y la transformación de los territorios más golpeados por la violencia. Por ello, consideran que debilitar esos mecanismos podría convertirse en un ataque contra las víctimas.
El cuestionamiento también se relaciona con el derecho a la verdad. Para las organizaciones defensoras del proceso, la implementación del Acuerdo permitió crear y fortalecer mecanismos destinados a esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto, establecer responsabilidades y reconocer el impacto de la violencia sobre millones de personas. La preocupación es que una reducción institucional o presupuestal limite la capacidad del Estado para cumplir esos compromisos y afecte la construcción de una memoria colectiva basada en el reconocimiento de las víctimas.
El 31 de julio, antiguos integrantes de las Farc que firmaron el Acuerdo propusieron un pacto nacional para blindar la implementación durante los primeros 100 días del nuevo Gobierno. La iniciativa planteó abrir un canal permanente de diálogo con la administración entrante, garantizar la seguridad de los firmantes y asegurar que la implementación tenga continuidad dentro de las principales decisiones de planeación del Estado.
La propuesta busca que el Acuerdo sea tratado como una política de Estado y no como un programa dependiente de la orientación ideológica de cada Gobierno. Entre las solicitudes se encuentra la incorporación de sus compromisos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, de manera que la reforma rural, los programas territoriales, la reincorporación y las garantías para las comunidades mantengan respaldo institucional y presupuestal.
Los firmantes también pidieron detener la estigmatización y mantener las garantías de seguridad. La solicitud responde a la preocupación por la persistencia de amenazas y asesinatos contra personas en proceso de reincorporación y líderes sociales. Para quienes apoyan el Acuerdo, el debilitamiento de los programas de protección podría aumentar la vulnerabilidad de quienes dejaron las armas y dificultar la consolidación de proyectos productivos y comunitarios.
Otro punto central es la defensa de la autonomía de la justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, ha avanzado en la emisión de sus primeras sentencias y en la preparación de sanciones restaurativas. La continuidad de esas decisiones requiere recursos, coordinación institucional y participación del Ejecutivo, por lo que eventuales recortes podrían afectar su aplicación, incluso si la jurisdicción continúa existiendo.
Las posturas de De la Espriella parten de una visión crítica del Acuerdo de 2016 y de la idea de que varias de sus instituciones no han producido los resultados esperados en materia de seguridad. El presidente electo ha cuestionado la JEP, ha planteado el cierre de entidades vinculadas con la implementación y ha propuesto reemplazar parte de la estructura de paz por una institucionalidad enfocada en la seguridad. Su discurso conecta con sectores que consideran que el Acuerdo otorgó beneficios excesivos a antiguos integrantes de las Farc y que no logró frenar la expansión de nuevos grupos armados.
La estrategia también tiene una dimensión política. De la Espriella fue elegido con un discurso de autoridad, combate a las organizaciones armadas y rechazo a las políticas de negociación impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Por ello, cuestionar el Acuerdo le permite diferenciarse de la izquierda y presentar una ruptura con lo que considera una política estatal demasiado centrada en la negociación y no suficientemente enfocada en la seguridad.
Sin embargo, el anuncio de desmontar la institucionalidad enfrenta límites jurídicos y políticos. El Acuerdo de Paz fue incorporado al ordenamiento colombiano mediante normas constitucionales y legales, y su implementación cuenta con mecanismos de protección que no pueden ser eliminados únicamente por decisión presidencial. El Gobierno puede modificar la estructura administrativa, fusionar dependencias o redefinir prioridades presupuestales dentro de sus competencias, pero no puede suprimir por decreto instituciones cuya existencia está respaldada por la Constitución o por leyes aprobadas por el Congreso.
La JEP es uno de los principales ejemplos de esos límites. Su eliminación requeriría una reforma constitucional y enfrentaría controles judiciales y políticos. Además, Colombia tiene compromisos internacionales relacionados con la investigación de graves violaciones de derechos humanos, por lo que un eventual desmonte de la justicia transicional podría generar cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
La situación es diferente para algunas oficinas, consejerías y unidades creadas dentro de la estructura del Ejecutivo. El presidente podría reorganizarlas, reducir sus funciones o modificar su presupuesto, según las competencias legales aplicables. No obstante, si esas decisiones afectan obligaciones concretas derivadas del Acuerdo, podrían ser demandadas ante la jurisdicción administrativa o cuestionadas por incumplir principios constitucionales y compromisos internacionales.
Por eso, la posibilidad de un desmonte total parece limitada. La nueva administración podría reducir la capacidad operativa de algunas entidades, congelar programas, modificar prioridades o trasladar funciones hacia organismos centrados en la seguridad. Sin embargo, eliminar por completo la arquitectura de paz requeriría reformas legislativas y constitucionales, además de superar controles judiciales y una eventual oposición política y social.
El llamado a un pacto nacional busca precisamente evitar que la continuidad del Acuerdo dependa exclusivamente de la voluntad del Gobierno entrante. Los sectores que lo defienden pretenden reunir a víctimas, firmantes, organizaciones sociales, instituciones y actores internacionales alrededor de compromisos mínimos para preservar la implementación, garantizar la seguridad y proteger los mecanismos de verdad y justicia.
El debate de finales de julio dejó en evidencia que la discusión sobre el Acuerdo de Paz no se limita a la relación entre el Gobierno y los antiguos integrantes de las Farc. Para sus defensores, el principal asunto es la protección de los derechos de las víctimas y la preservación de los mecanismos que buscan esclarecer lo ocurrido y evitar la repetición de la violencia. Para De la Espriella y sus seguidores, el reto es revisar una arquitectura que consideran ineficiente y reemplazarla por una política de seguridad más fuerte. La viabilidad de cualquiera de esas visiones dependerá de los límites constitucionales, las decisiones del Congreso, el control de las cortes y la capacidad de construir acuerdos políticos.
