El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que durante 36 años ha vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora S.A. La determinación marca el comienzo de una transición administrativa que tendrá como principal desafío garantizar que los docentes del país y sus familias no sufran interrupciones en la atención médica ni en el reconocimiento de sus prestaciones económicas.
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG. La decisión implica que el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 llegará a su vencimiento el próximo 31 de octubre de 2026, sin que se extienda su vigencia.
La administración de ese contrato se prolongó durante más de tres décadas. Ahora, el Ejecutivo deberá organizar el proceso de transición para asegurar que las funciones y obligaciones relacionadas con el fondo continúen desarrollándose mientras se define el esquema que seguirá después de este periodo.
De acuerdo con el comunicado oficial, la transición comenzará el 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año. El Gobierno contempla la posibilidad de prorrogarla por otro año, de manera que el periodo podría extenderse hasta 24 meses.
La prioridad anunciada por el Ejecutivo es mantener la continuidad de los servicios de salud para los maestros y sus beneficiarios. Esto incluye evitar que los tratamientos médicos en curso se vean afectados por el cambio administrativo y que los usuarios enfrenten interrupciones en la prestación de los servicios.
El otro frente fundamental corresponde a las prestaciones económicas del magisterio. El Gobierno aseguró que durante la transición deberá mantenerse el reconocimiento y trámite de las obligaciones a cargo del FOMAG, un asunto que comprende procedimientos que tienen incidencia directa en los derechos de los docentes.
La decisión, por tanto, no se limita al cierre de un contrato. El proceso deberá resolver cómo se mantiene la operación del fondo, quién asumirá las distintas responsabilidades administrativas y de qué manera se garantizará que los trámites de salud y prestaciones continúen sin traumatismos.
El Ministerio de Educación sostuvo que la determinación de no prorrogar el contrato se tomó a partir de recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de los representantes de FECODE en el Consejo Directivo del FOMAG.
El comunicado también menciona revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, además de informes de supervisión y hallazgos de entidades de control. Sin embargo, el documento no identifica cuáles fueron esos hallazgos ni detalla las situaciones específicas que llevaron al Gobierno a optar por la terminación del vínculo contractual.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, participó en el proceso de decisión junto con la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Las tres carteras tienen responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del fondo y la protección de los derechos de sus afiliados.
Como parte de las primeras medidas, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora la presentación de un plan detallado de actividades para garantizar la operación durante el periodo de transición. La solicitud busca establecer las acciones necesarias para que el vencimiento del contrato no se traduzca en una interrupción de los servicios.
Ese plan será determinante para conocer cómo se organizará el paso entre el esquema actual y el que se adopte posteriormente. El comunicado, no obstante, no precisa qué actividades deberá desarrollar cada entidad, cuáles serán los responsables de ejecutarlas ni qué mecanismos se utilizarán para verificar su cumplimiento.
La Superintendencia Nacional de Salud también tendrá participación en el proceso. El Ministerio de Educación le pidió realizar seguimiento y vigilancia para asegurar que las instituciones prestadoras de servicios de salud continúen atendiendo a los afiliados del magisterio.
La vigilancia sobre las IPS será especialmente relevante para los docentes que tienen tratamientos, procedimientos o consultas pendientes. La continuidad de la atención dependerá no solo de las decisiones administrativas del FOMAG, sino también de que la red de prestadores mantenga sus servicios durante el cambio.
Uno de los puntos sensibles será evitar que los usuarios tengan que asumir las consecuencias de las modificaciones institucionales. Para los maestros y sus familias, el resultado de la transición se medirá en la disponibilidad de citas, medicamentos, procedimientos y tratamientos, más allá de los anuncios administrativos.
En materia de prestaciones económicas, el reto será mantener los trámites sin generar nuevos obstáculos para quienes esperan el reconocimiento de sus derechos. El Gobierno afirmó que la decisión no debe afectar esos procesos, pero todavía no presentó un cronograma detallado para garantizar su continuidad.
El Ejecutivo también señaló que la no prórroga del contrato no significa desconocer los derechos y las conquistas del magisterio. Con ese mensaje, buscó diferenciar la decisión administrativa sobre Fiduprevisora de las obligaciones que el fondo tiene con los docentes y sus beneficiarios.
Sin embargo, el anuncio deja varios interrogantes sobre el funcionamiento futuro del FOMAG. Entre ellos están el modelo de administración que se adoptará una vez termine la transición, las entidades que asumirán las distintas tareas y la forma en que se garantizará la coordinación entre los responsables de salud y prestaciones.
Tampoco se detallaron los recursos financieros que requerirá el proceso, las condiciones operativas del nuevo esquema ni las medidas específicas para atender eventuales dificultades durante el cambio. Estos elementos serán necesarios para evaluar cómo se materializará la continuidad prometida por el Gobierno.
La ausencia de esos detalles no significa que los servicios vayan a interrumpirse, pero sí deja pendiente conocer los instrumentos concretos con los que se cumplirá el compromiso oficial. La presentación del plan solicitado a Fiduprevisora será uno de los primeros pasos para despejar parte de esas dudas.
La decisión se produce en un sistema que atiende a una población amplia de docentes y familiares, por lo que cualquier modificación administrativa exige coordinación entre las entidades responsables. Un cambio en la gestión contractual no puede convertirse en un obstáculo para acceder a servicios médicos ni para tramitar las prestaciones reconocidas por la ley.
Durante el año inicial de transición, el Gobierno tendrá que demostrar que puede mantener la operación mientras prepara el esquema que reemplazará al contrato que no será prorrogado. Si se requiere ampliar el periodo, la posibilidad anunciada contempla un año adicional, aunque el comunicado no establece las condiciones bajo las cuales se tomaría esa decisión.
El proceso también pondrá a prueba la capacidad de las entidades involucradas para coordinar sus responsabilidades. Educación deberá conducir las acciones relacionadas con el fondo; Fiduprevisora tendrá que atender el plan de transición solicitado, y Supersalud deberá ejercer el seguimiento anunciado sobre la prestación de los servicios de salud.
Por ahora, el Gobierno ha comunicado la decisión contractual, el calendario inicial y algunas de las medidas para proteger la continuidad de la atención. Quedan por conocerse los detalles operativos y administrativos que permitirán establecer cómo se desarrollará el cambio y quién asumirá las funciones una vez concluya la transición.
Después de 36 años de relación contractual, el fin de la fiducia entre el FOMAG y Fiduprevisora abre una nueva etapa para la administración de los recursos y servicios del magisterio. El principal desafío para el Gobierno de Abelardo de la Espriella será que esa transformación se concrete sin afectar a los maestros: que sus tratamientos continúen, que sus familias conserven el acceso a la atención médica y que sus prestaciones económicas sigan siendo reconocidas y tramitadas.
