La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una nueva imputación contra 27 antiguos integrantes de las extintas FARC-EP por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. La decisión reúne hechos de alto impacto nacional, entre ellos el atentado contra el Club El Nogal, el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y la toma de Mitú, además de homicidios, desapariciones forzadas, masacres, torturas, desplazamientos y hechos de violencia basada en género.
La decisión representa un nuevo avance en la investigación de conductas que no habían sido abordadas de manera integral en otros macrocasos de la justicia transicional. La JEP concentró los hechos principalmente en el Macrocaso 10, creado para investigar crímenes no amnistiables atribuidos a integrantes de las antiguas FARC-EP y relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado. Este caso reúne un universo provisional de miles de hechos victimizantes documentados mediante informes de entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil.
La imputación recae sobre antiguos comandantes de estructuras que tuvieron influencia en amplias regiones del país, entre ellas el Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto Central. La JEP analizó patrones de violencia y la posible responsabilidad de mandos que habrían tenido capacidad de dirección, conocimiento o control sobre las conductas cometidas por las unidades bajo su estructura de mando. La determinación de responsabilidad no se limita a establecer quién ejecutó materialmente cada hecho, sino que examina las decisiones, políticas y cadenas de mando relacionadas con los crímenes.
Entre los imputados se encuentran cuatro integrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP. La precisión sobre sus identidades es fundamental: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko; Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez; y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como Pastor Alape, son personas diferentes. En particular, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape fueron miembros distintos de la antigua dirección guerrillera y no deben confundirse como si fueran nombres o alias de un mismo compareciente.
La inclusión de antiguos integrantes del Secretariado amplía el alcance de la investigación sobre las responsabilidades de la antigua cúpula guerrillera. La JEP busca establecer si determinadas conductas respondieron a políticas, orientaciones o decisiones de alcance nacional o regional, y si los máximos responsables tuvieron participación en la planeación, promoción o tolerancia de los hechos. La imputación no equivale a una condena y los comparecientes conservan el derecho a conocer las pruebas, responder a los cargos y ejercer su defensa.
Uno de los hechos más relevantes incluidos en la decisión es el atentado contra el Club El Nogal, ocurrido en Bogotá el 7 de febrero de 2003. La explosión de un vehículo cargado con explosivos dentro de las instalaciones del club causó decenas de muertes y dejó centenares de personas heridas. El ataque se convirtió en uno de los atentados más graves cometidos en la capital durante el conflicto armado y tuvo un fuerte impacto político y social por la magnitud de la destrucción y el número de víctimas.
La investigación de El Nogal ha sido objeto de controversias y debates durante años. La JEP debe determinar las responsabilidades individuales y de mando relacionadas con la planeación y ejecución del atentado, así como establecer las circunstancias en las que se produjo y la condición de las víctimas. La incorporación del caso a esta nueva imputación permite que el hecho sea analizado dentro de un marco más amplio de patrones de violencia y de las estructuras de las FARC que habrían participado en su organización.
Otro de los hechos incluidos es el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Gómez fue excandidato presidencial, exdesignado presidencial, periodista y una de las figuras más influyentes de la política colombiana durante el siglo XX. Su homicidio se mantuvo durante décadas como uno de los grandes enigmas judiciales del país y dio lugar a múltiples hipótesis sobre sus autores y móviles.
En 2020, antiguos integrantes de las FARC reconocieron públicamente la responsabilidad de la organización en el asesinato de Gómez y de otras personas. La JEP asumió el análisis de esos reconocimientos y de la información entregada por los comparecientes, mientras las víctimas y otros sectores han reclamado que se esclarezcan todas las circunstancias del crimen. La nueva imputación incorpora el asesinato dentro de la investigación sobre conductas no amnistiables y busca avanzar en la determinación de responsabilidades individuales y de mando.
El caso de Álvaro Gómez tiene además una importancia histórica por las dudas que persisten sobre la verdad completa del homicidio. Algunos familiares y sectores políticos han cuestionado la versión presentada por antiguos miembros de las FARC y han solicitado que se investiguen otras posibles responsabilidades. Por ello, la actuación de la JEP no solo examina el reconocimiento realizado por la antigua guerrilla, sino que debe contrastarlo con los elementos probatorios y las versiones disponibles para establecer el alcance de la responsabilidad de los comparecientes.
La toma de Mitú, ocurrida entre el 1 y el 4 de noviembre de 1998, constituye otro de los hechos centrales de la nueva imputación. Integrantes de las FARC atacaron la capital del departamento del Vaupés y lograron tomar el control de la población durante varios días. La operación incluyó ataques contra instalaciones estatales, enfrentamientos con la Fuerza Pública y graves afectaciones a la población civil, en una de las acciones armadas más grandes realizadas por la guerrilla contra una capital departamental.
Durante la toma fueron asesinados integrantes de la Fuerza Pública y se produjeron secuestros de policías y militares. La recuperación de Mitú requirió una operación militar de gran escala y dejó consecuencias duraderas para la población. La investigación de la JEP busca establecer las responsabilidades por las conductas cometidas durante la ofensiva, incluidas las posibles infracciones al derecho internacional humanitario y los delitos que afectaron a civiles y miembros de la Fuerza Pública.
La toma de Mitú también permite analizar el funcionamiento de la estructura militar de las FARC y la participación de diferentes frentes y mandos en una operación de alcance nacional. La JEP estudia si los hechos fueron consecuencia de órdenes y planes definidos por la organización y cuál fue el nivel de conocimiento y control de los antiguos comandantes imputados. La responsabilidad de mando exige determinar vínculos concretos entre las decisiones de los superiores y las conductas atribuidas a las unidades bajo su autoridad.
Además de los hechos emblemáticos, la imputación abarca un conjunto más amplio de conductas cometidas en distintas regiones en al menos 15 departamentos distintos. La JEP ha investigado patrones relacionados con homicidios, desapariciones forzadas, masacres, torturas, desplazamientos y ataques contra personas y bienes protegidos. El Macrocaso 10 fue diseñado precisamente para agrupar crímenes que, por su naturaleza o por no haber sido priorizados en otros expedientes, requerían un análisis específico dentro del sistema de justicia transicional.
La decisión también se relaciona con el Macrocaso 11, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por razones de odio, prejuicio o discriminación basada en el sexo, el género, la orientación sexual o la identidad de género. La incorporación de hechos de violencia basada en género busca evitar que estas conductas sean tratadas como episodios aislados y permitir que se estudien como parte de patrones de violencia ocurridos durante el conflicto.
El Macrocaso 11 tiene un enfoque diferencial que reconoce que las mujeres, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y otros grupos pudieron sufrir formas particulares de violencia. La JEP busca establecer cómo las dinámicas del conflicto afectaron de manera diferenciada a estas poblaciones y determinar responsabilidades por conductas que históricamente enfrentaron obstáculos para ser denunciadas, investigadas y sancionadas.
La nueva imputación se suma a los procesos que ya se adelantaban contra el último Secretariado de las FARC en otros expedientes. El principal antecedente es el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la antigua guerrilla. En ese caso, los integrantes del último Secretariado fueron imputados por la política de secuestro y posteriormente recibieron decisiones dentro del modelo de sanciones propias de la JEP.
La diferencia es que el Caso 01 se concentró en el secuestro y las conductas asociadas a esa práctica, mientras la nueva imputación aborda otros crímenes graves, incluidos atentados, homicidios, ataques armados y hechos de violencia basada en género. La apertura de diferentes macrocasos permite que la JEP investigue patrones específicos sin reducir el conflicto a una sola forma de victimización. De esta manera, las responsabilidades de los comparecientes pueden ser analizadas en varios expedientes, según la naturaleza y el contexto de las conductas.
La imputación tampoco significa que los 27 antiguos comandantes hayan sido declarados culpables. La decisión abre una etapa en la que los comparecientes pueden reconocer los hechos y su responsabilidad o controvertir las conclusiones de la Sala de Reconocimiento. Si existe un reconocimiento pleno, detallado y temprano, el proceso puede avanzar hacia una resolución de conclusiones y posteriormente hacia la imposición de sanciones propias, orientadas a la reparación y la restauración. Si no hay reconocimiento, el caso puede seguir un procedimiento adversarial.
Para las víctimas, la nueva decisión representa una oportunidad de ampliar la verdad sobre hechos que marcaron la historia reciente del país. El esclarecimiento no se limita a identificar autores materiales: también busca determinar quién tomó decisiones, cómo funcionaron las estructuras armadas, qué órdenes se impartieron y qué mecanismos permitieron la comisión de los crímenes. La participación de las víctimas será clave para contrastar las versiones de los comparecientes y exigir respuestas sobre los daños causados.
La imputación contra los 27 exintegrantes de las FARC constituye, así, un nuevo capítulo en la determinación de responsabilidades por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. La inclusión de El Nogal, el asesinato de Álvaro Gómez y la toma de Mitú da a la decisión una dimensión histórica y política particular, pero el alcance del proceso también comprende numerosas víctimas y hechos menos conocidos ocurridos en diferentes territorios. El reto de la JEP será avanzar hacia una verdad suficientemente completa, garantizar el derecho de defensa y asegurar que los reconocimientos se traduzcan en medidas concretas de reparación y no repetición.
