La respuesta nacional al terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, enfrenta un nuevo problema: las dificultades para coordinar a las entidades territoriales en medio de una emergencia que todavía no ha superado, según la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la capacidad de respuesta del país.
La alerta quedó expuesta durante el Puesto de Mando Unificado Nacional realizado este sábado. De acuerdo con la información entregada por la entidad, solo estuvieron presentes o conectados los consejos de gestión del riesgo de Caldas, Cali, Putumayo, Quindío y Cauca. La ausencia del resto de departamentos y municipios llevó a la UNGRD a solicitar la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
El organismo pidió a la Procuraduría hacer un llamado a los departamentos y municipios que no participaron para que cumplan con su obligación de conectarse al PMU Nacional. La situación revela una dificultad de coordinación precisamente cuando el Gobierno necesita consolidar información territorial para definir dónde enviar equipos, ayudas, alimentos, medicamentos y maquinaria.
La advertencia resulta especialmente significativa porque la información sobre los daños todavía está en construcción. Según la UNGRD, cuatro departamentos y 63 municipios ya estaban cargando información en el Registro Único de Damnificados, un insumo considerado fundamental para acelerar las acciones de respuesta en los territorios afectados.
La entidad también advirtió que los balances diarios pueden cambiar. Los municipios continúan subiendo información contrastada y consolidada de sus evaluaciones de daños y análisis de necesidades, conocidas como EDAN. Por eso, las modificaciones en las cifras oficiales pueden responder al proceso de verificación y consolidación de los datos territoriales.
En medio de estas dificultades de coordinación, el Gobierno también fijó una posición frente a la ayuda internacional. Colombia aseguró que acepta y agradece el apoyo para las labores de búsqueda y rescate de tres grupos acreditados por la ONU procedentes de Estados Unidos, Ecuador e Israel.
La UNGRD destacó que esos equipos son autónomos y que cuentan con reconocimiento de sus respectivos países. La autonomía es presentada como un factor determinante para que los grupos puedan desplegarse durante una emergencia sin convertirse en una carga adicional para las autoridades locales.
Pero junto con el agradecimiento llegó una advertencia. El PMU Nacional pidió a alcaldes y gobernadores no dar consentimiento a la presencia de grupos no certificados en las labores de búsqueda y rescate de personas y animales.
La preocupación expresada por la UNGRD tiene un componente logístico. Según el documento, algunos grupos llegan a las zonas afectadas solicitando grandes cantidades de recursos y sin autonomía de acción. La entidad considera que, en esas condiciones, pueden terminar generando más problemas que soluciones durante la emergencia.
La advertencia introduce un nuevo elemento en la discusión sobre la llegada de ayuda extranjera. No se trata, según el documento, de rechazar el apoyo internacional en general, sino de establecer una diferencia entre los equipos que cuentan con acreditación y capacidad autónoma de operación y aquellos que no cumplen esas condiciones.
La decisión también adquiere relevancia porque las labores de búsqueda y rescate se desarrollan en territorios con infraestructura dañada y dificultades de acceso. La llegada de nuevos grupos exige coordinación, alojamiento, alimentación, transporte, seguridad y otros recursos que pueden ser escasos en medio de una emergencia de esta magnitud.
Sin embargo, el llamado a restringir la llegada de equipos no certificados ocurre al mismo tiempo que persisten problemas para integrar a las propias autoridades colombianas en el mecanismo nacional de coordinación. El hecho de que solo cinco consejos territoriales aparecieran conectados al PMU Nacional obligó a recurrir a la Procuraduría para exigir la participación de las entidades faltantes.
La combinación de ambos problemas plantea uno de los principales desafíos de la emergencia: coordinar mejor los recursos disponibles mientras se decide qué ayuda externa puede incorporarse a las operaciones. Para ello, la información territorial resulta esencial y la propia UNGRD reconoce que todavía está siendo consolidada.
Por ahora, la entidad sostiene que la emergencia no ha superado la capacidad de respuesta del país. Pero esa capacidad depende también de que departamentos y municipios reporten oportunamente sus necesidades y participen en los mecanismos nacionales de coordinación. La falta de conexión al PMU, en este contexto, no es un asunto meramente administrativo.
Cinco días después del terremoto, la respuesta comienza a entrar en una etapa en la que la velocidad ya no depende únicamente de encontrar sobrevivientes. También depende de saber con precisión qué ocurrió en cada municipio, qué infraestructura quedó destruida, qué comunidades necesitan ayuda urgente y qué recursos pueden desplegarse sin aumentar las dificultades logísticas.
El terremoto ha dejado hasta ahora un balance de 289 personas fallecidas, 3.937 heridas y 143 desaparecidas, según el último reporte entregado por la UNGRD. Mientras los municipios continúan actualizando sus evaluaciones de daños, el desafío para el Gobierno será convertir esa información dispersa en una operación nacional coordinada y capaz de aprovechar la ayuda disponible, sin importar de dónde provenga, pero bajo reglas claras de certificación y autonomía.
