El Gobierno de Abelardo De la Espriella comenzó a ejecutar su política de seguridad con una decisión de alto contenido simbólico: el traslado de 117 presos vinculados a la Paz Total incluyendo 103 considerados peligrosos, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a otros establecimientos penitenciarios de alta seguridad. La medida fue anunciada durante el primer día del nuevo Gobierno y se conoció por información entregada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Rendón informó que los internos fueron enviados a cárceles de Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país. Según el gobernador, se trata de jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
Entre los nombres mencionados expresamente por Rendón aparecen alias “Carlos Pesebre”, “Douglas” y “El Indio”. El dato es particularmente relevante porque los tres habían hecho parte de la mesa de paz urbana instalada en la cárcel La Paz de Itagüí durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El caso de Carlos Pesebre es uno de los más conocidos dentro de las estructuras criminales de Medellín. El Espectador identifica a Freyner Ramírez García con ese alias y recuerda que participó en la mesa de diálogo que el Gobierno Petro instaló en junio de 2023. La iniciativa pretendía avanzar hacia la desmovilización de estructuras criminales y poner fin a la violencia en las comunas.
“Douglas” también estaba vinculado a ese proceso de negociación penitenciaria. Su presencia, junto con la de Carlos Pesebre y El Indio, convierte el traslado en algo más que un movimiento administrativo de internos: involucra directamente a algunos de los principales protagonistas de la mesa de paz urbana de Itagüí.
Aquella mesa fue uno de los experimentos más particulares de la política de “Paz Total” de Petro. A diferencia de una negociación tradicional con una guerrilla o una organización armada de alcance nacional, el proceso buscaba abordar las estructuras criminales que operaban en Medellín y el Valle de Aburrá, con la expectativa de reducir la violencia urbana y avanzar hacia su desmovilización.
La experiencia, sin embargo, terminó marcada por controversias. En abril de 2026, la mesa fue suspendida después del escándalo generado por una fiesta o “parranda vallenata” no autorizada con el cantante Nelson Velásquez dentro de la cárcel. El episodio provocó investigaciones en el INPEC y cambios en la dirección de la institución por los presuntos privilegios concedidos a algunos cabecillas.
Los diálogos llegaron a reactivarse semanas después, pero su futuro quedó comprometido con el cambio de Gobierno. De acuerdo con El Espectador, la mesa terminó fracasando después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia.
La decisión de trasladar a los cabecillas adquiere todavía mayor significado cuando se contrasta con el discurso de posesión del nuevo presidente. De la Espriella había anunciado que no conversaría con grupos criminales y que su estrategia para enfrentar el problema de seguridad estaría basada en la acción de la Fuerza Pública.
El comunicado presidencial difundido sobre la operación señala, por su parte, que fueron 117 personas privadas de la libertad de alto perfil vinculadas a negociaciones de paz las que recibieron la orden de traslado. Siendo 103 internos los que fueron reportados por Rendón que estaban en cárceles antioqueñas.
La Presidencia justificó la operación como una medida para fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad e impedir que estructuras criminales utilicen las cárceles para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades. El mensaje político del Gobierno es que las prisiones dejarán de funcionar como espacios desde los cuales los jefes de organizaciones criminales puedan conservar capacidad de mando.
La medida encaja además con otra promesa hecha por De la Espriella durante su posesión: recuperar el control de las cárceles y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. El presidente había anunciado también la construcción de megacárceles, aunque en su discurso no explicó cómo se financiaría esa infraestructura.
El traslado de “Carlos Pesebre”, “Douglas” y “El Indio” representa, por tanto, un cambio de paradigma frente al modelo que intentó desarrollar el Gobierno Petro. Mientras la administración anterior buscó utilizar la permanencia de los cabecillas en Itagüí como parte de un mecanismo de interlocución y eventual desmovilización, el nuevo Gobierno comienza dispersándolos en establecimientos de alta seguridad.
El giro no significa necesariamente que De la Espriella haya renunciado por completo a la posibilidad de desmovilizaciones. En su discurso sostuvo que las organizaciones criminales podrían desmovilizarse, pero dejó claro que no habrá un esquema de diálogo semejante al desarrollado por Petro. La diferencia está en quién fija las condiciones: el nuevo Gobierno pretende que sea el Estado, respaldado por la Fuerza Pública, quien imponga el marco de actuación.
La decisión tiene además una dimensión política para Antioquia y Medellín. Que el anuncio haya sido hecho por Andrés Julián Rendón durante el día de posesión refuerza la imagen de una coordinación entre el Gobierno nacional y una administración departamental que ha sido particularmente crítica de las concesiones otorgadas a las estructuras criminales.
En términos simbólicos, el traslado constituye una de las primeras imágenes concretas de la “mano fuerte” que De la Espriella prometió durante su discurso. El presidente habló de recuperar la autoridad, combatir el narcotráfico y evitar que los criminales continúen operando desde las cárceles. El movimiento de los internos es, en ese sentido, una primera señal de que su política penitenciaria buscará romper con la lógica de la negociación que caracterizó a la “Paz Total”.
El desafío ahora será demostrar que el traslado de los cabecillas produce resultados más allá del efecto político inmediato. Dispersar a los principales jefes puede dificultar la coordinación de estructuras desde las cárceles, pero también plantea preguntas sobre la continuidad de las investigaciones, las condiciones de seguridad en los establecimientos receptores y el futuro de cualquier proceso de desmovilización.
Por ahora, el mensaje del nuevo Gobierno es inequívoco: los jefes criminales que participaron en la mesa de paz urbana de Itagüí ya no serán tratados como interlocutores privilegiados dentro de las cárceles. “Carlos Pesebre”, “Douglas” y “El Indio” pasan a establecimientos de alta seguridad, en una decisión que marca uno de los primeros quiebres visibles entre la política de seguridad de De la Espriella y la estrategia de “Paz Total” de Petro.
