El senador Alejandro Bermeo, del partido Salvación Nacional, estrenó su agenda legislativa con un proyecto de ley que propone crear en Colombia una “Semana Anticomunista”, una iniciativa que, según su autor, busca recordar a las víctimas de los regímenes comunistas y promover la defensa de la democracia, las libertades individuales y la propiedad privada.
Bermeo ha reconocido que la propuesta está inspirada en el Anti-Communism Week Act presentado en Estados Unidos por el senador Rick Scott y la congresista María Elvira Salazar. Ese proyecto estadounidense plantea dedicar una semana a estudiar los crímenes cometidos por regímenes comunistas y rendir homenaje a sus víctimas, aunque hasta ahora no ha logrado convertirse en ley federal.
Precisamente uno de los primeros cuestionamientos a la iniciativa colombiana radica en esa inspiración. Mientras el proyecto estadounidense permanece estancado en el Congreso sin haber superado su trámite legislativo, Bermeo pretende trasladar un modelo que ni siquiera ha sido adoptado en el país que le sirve de referencia.
El senador sostiene que la semana permitiría recordar tragedias ocurridas bajo gobiernos como la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao, la Camboya de los Jemeres Rojos, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Desde esa perspectiva, la propuesta tendría un carácter pedagógico y memorial destinado a advertir sobre los riesgos del totalitarismo.
Sin embargo, la iniciativa de la “semana anticomunista” ha recibido numerosas críticas porque Colombia nunca ha tenido un régimen comunista. Esa diferencia histórica plantea una pregunta central: ¿a quiénes se pretende homenajear en un país que no vivió ese tipo de experiencia política? Hasta ahora, el autor no ha explicado con precisión si la conmemoración estará dirigida exclusivamente a víctimas internacionales o si incluiría víctimas del conflicto armado colombiano.
Ese vacío ha dado lugar a una de las principales incongruencias señaladas por analistas y juristas. Aunque guerrillas como las FARC, el ELN o el EPL tuvieron inspiración marxista-leninista, nunca constituyeron un gobierno comunista. Por ello, equiparar a las víctimas del conflicto armado colombiano con las víctimas de regímenes comunistas extranjeros supondría mezclar fenómenos históricos y jurídicos distintos.
La propuesta también entra en tensión con el sistema colombiano de memoria histórica, construido principalmente a partir de la Ley 1448 de 2011 y del Sistema Integral para la Paz. Ese modelo reconoce a las víctimas según los hechos sufridos y no según la ideología del responsable de la violación de derechos humanos. En otras palabras, el eje de la memoria oficial es la victimización, no la orientación política del victimario.
Diversos sectores consideran que una “Semana Anticomunista” rompería parcialmente con ese principio, al privilegiar un tipo específico de victimización asociado a una corriente ideológica. Sus críticos advierten que ello abriría la puerta para promover conmemoraciones oficiales dirigidas contra otras doctrinas políticas, trasladando las disputas ideológicas al ámbito de la memoria institucional.
Las objeciones también alcanzan el terreno constitucional. Colombia es un Estado social de derecho fundado en el pluralismo político, por lo que algunos constitucionalistas sostienen que el Estado debe promover el estudio de la historia desde una perspectiva amplia y crítica, sin que una ley termine identificando una ideología concreta como objeto de una condena institucional permanente.
La iniciativa se inscribe además en un contexto más amplio de la denominada “guerra cultural” impulsada por sectores del nuevo oficialismo. En las últimas semanas han surgido propuestas relacionadas con la reinterpretación de la historia nacional, la reivindicación del hispanismo, la revisión de contenidos educativos y la exaltación de determinados símbolos nacionales, lo que ha llevado a varios analistas a interpretar la “Semana Anticomunista” como un nuevo episodio dentro de esa disputa por el relato histórico y cultural del país.
Sus promotores responden que el proyecto no pretende perseguir partidos políticos ni restringir la libertad de pensamiento. Argumentan que, así como existen jornadas internacionales para recordar el Holocausto o a las víctimas del terrorismo, también debería existir un espacio para estudiar los crímenes atribuidos a los regímenes comunistas y honrar a quienes los padecieron.
No obstante, hasta ahora las reacciones críticas superan ampliamente a los respaldos públicos. Académicos, organizaciones sociales y dirigentes de oposición han expresado reparos por el carácter selectivo de la memoria que propone la iniciativa, mientras que los apoyos visibles provienen principalmente de sectores conservadores y de dirigentes identificados con la agenda política del nuevo Gobierno.
Otro elemento que alimenta las críticas es la falta de precisión del proyecto. Hasta el momento no se conoce el articulado completo, por lo que persisten interrogantes sobre si la semana tendría efectos en el sistema educativo, si impondría actividades obligatorias para entidades públicas o si se limitaría a una conmemoración simbólica. Esa incertidumbre ha permitido que buena parte del debate se concentre más en las interpretaciones que en el contenido jurídico de la propuesta.
En ese escenario, la “Semana Anticomunista” se perfila como uno de los proyectos más controvertidos de la nueva legislatura. Más allá de su viabilidad legislativa, el debate ya puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre el papel del Estado en la construcción de la memoria histórica, los límites de las políticas públicas frente al pluralismo ideológico y el alcance que puede tener la llamada guerra cultural dentro del Congreso colombiano.
